La suspensión de las órdenes de captura contra cabecillas de estructuras armadas ilegales continúa siendo uno de los puntos más sensibles del Gobierno nacional, y vuelve a generar ruido político y judicial alrededor del presidente Gustavo Petro.
En el centro de la controversia está Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado como integrante del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, cuyo caso ha mantenido al Gobierno en el ojo del huracán desde finales del año pasado.
El escándalo tomó fuerza en noviembre, cuando se conocieron denuncias sobre una posible infiltración de estas disidencias en el Ejecutivo, particularmente en la Dirección Nacional de Inteligencia y en las Fuerzas Militares. Según revelaciones periodísticas, existirían chats, correos, fotografías y otros documentos que evidenciarían presuntos vínculos entre miembros de la fuerza pública y funcionarios de inteligencia con jefes de estas estructuras ilegales.
Entre los nombres mencionados figuran el general del Ejército Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, lo que encendió aún más la polémica y abrió cuestionamientos sobre posibles filtraciones en sectores clave del Estado.
En su momento, la fiscal general Luz Adriana Camargo advirtió que existía una alta probabilidad de reactivar la orden de captura contra alias ‘Calarcá’, pese a su participación en la mesa de negociaciones con el Gobierno.
No obstante, en una reciente mesa de trabajo entre delegados del Gobierno y la Alta Consejería para la Paz, no se logró un acuerdo para levantar la suspensión de dicha orden. Esto significa que, por ahora, el beneficio judicial se mantiene vigente y no se reactivarán medidas en su contra.
El tema no está cerrado. Las autoridades acordaron volver a reunirse en un plazo de 15 días para revisar nuevamente la situación, especialmente ante señalamientos de hechos recientes que pondrían en duda la voluntad de paz del jefe disidente, incluyendo la presunta comisión de delitos graves.
Mientras tanto, el caso sigue alimentando el debate nacional sobre los límites de la política de paz total y los riesgos de mantener beneficios judiciales a actores armados en medio de cuestionamientos por su comportamiento en el territorio.