El diputado de Bolívar Zaith Adechine volvió a encender el debate público al pronunciarse sobre la investigación que adelanta la Contraloría Distrital de Cartagena contra la Institución Universitaria Mayor de Cartagena por presuntas irregularidades en la adquisición de mobiliario institucional.
Adechine aseguró que este proceso respalda las denuncias que, según él, ha venido realizando desde 2023 sobre posibles inconsistencias en el manejo de recursos dentro de la institución.
“El tiempo termina dándome la razón sobre las denuncias que he venido realizando desde 2023. En Umayor hay mucho por ser destapado. Guarden este comentario”, expresó el diputado a través de sus redes sociales.
Una investigación que toma fuerza
El pronunciamiento del diputado se da luego de que la Contraloría abriera formalmente un expediente el pasado 6 de abril de 2026, con el objetivo de establecer si existió un posible detrimento patrimonial en el contrato SASI-UMAYOR-04-2025, cuyo valor supera los $1.162 millones.
El ente de control se encuentra en etapa de recolección de pruebas técnicas y financieras, enfocadas en determinar si hubo sobrecostos en la compra e instalación de muebles para la institución.
En este contexto, la administración del rector Juan Arraut Camargo permanece bajo observación mientras avanzan las verificaciones.
Adechine insiste en alertas tempranas
Para Adechine, la apertura de esta investigación no es un hecho aislado, sino la confirmación de una serie de advertencias que, asegura, no fueron atendidas en su momento.
El diputado ha sido insistente en cuestionar la gestión de recursos en Umayor, señalando que existen aspectos que deben ser esclarecidos para garantizar transparencia en el uso del dinero público.
Su postura ha sido respaldada por sectores que piden mayor control sobre las inversiones en instituciones educativas, mientras otros llaman a esperar los resultados oficiales antes de emitir conclusiones.
Expectativa por resultados
El caso ha generado atención en distintos sectores de Cartagena, no solo por el monto del contrato, sino por el impacto que podría tener en la confianza sobre la gestión de recursos públicos en el ámbito educativo.
Por ahora, la investigación continúa en curso y será la Contraloría la encargada de determinar si hubo o no irregularidades, así como las posibles responsabilidades fiscales.
Mientras tanto, el diputado Adechine mantiene su postura firme: lo que comenzó como una denuncia política ahora entra en el terreno de las investigaciones formales, donde los resultados serán determinantes.