Una nueva controversia sacude el panorama político en Colombia tras la denuncia del representante electo Daniel Briceño, quien cuestionó un supuesto esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero, que —según lo señalado— no ocuparía un cargo formal dentro del gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con la denuncia, Guerrero contaría con tres camionetas y nueve escoltas, presuntamente financiados con recursos públicos, lo que ha generado inquietudes sobre los criterios utilizados para otorgar este tipo de protección y el uso de dineros del Estado.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre los detalles del esquema ni sobre las razones que habrían motivado su asignación. En el país, estas medidas suelen ser evaluadas por la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de determinar los niveles de riesgo y las necesidades de seguridad.
El caso ha provocado reacciones en distintos sectores, que exigen mayor transparencia y explicaciones por parte de las autoridades competentes.
⚠️ Se espera un pronunciamiento oficial que permita esclarecer la situación.