Admisiones médicas de la Universidad de Cartagena bajo cuestionamiento: El Gen Caribe revisó documentos y encontró aspectos que requieren explicaciones
Las denuncias de aspirantes, las diferencias en las calificaciones de las entrevistas y los posibles conflictos de interés rodean el proceso de selección de Ginecología y Obstetricia para 2027-1. La controversia revive cuestionamientos de años anteriores sobre los mecanismos de admisión durante la rectoría de Willian Malkún. El Gen Caribe tuvo acceso a documentación del proceso y encontró situaciones que merecen una explicación pública de las directivas universitarias.
La transparencia de los procesos de admisión de la Universidad de Cartagena vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez, los cuestionamientos están relacionados con la selección de aspirantes a las especializaciones médico-quirúrgicas para el primer periodo académico de 2027, particularmente en el programa de Ginecología y Obstetricia.
Aspirantes y personas vinculadas a la comunidad académica han planteado denuncias sobre posibles irregularidades en la etapa de entrevistas, diferencias en las calificaciones y eventuales conflictos de interés entre integrantes de los equipos evaluadores y algunos candidatos.
La denuncia, publicada por el portal Primero Noticias el pasado 6 de noviembre, puso sobre la mesa interrogantes acerca de la imparcialidad del proceso y la manera como las entrevistas habrían incidido en la clasificación definitiva de los participantes.
EL GEN CARIBE TUVO ACCESO A DOCUMENTOS Y ENCONTRÓ ASPECTOS QUE NO ESTÁN CLAROS
En desarrollo de esta investigación periodística, El Gen Caribe tuvo acceso a documentación relacionada con el proceso de admisión a las especializaciones médico-quirúrgicas para 2027-1. La revisión del listado oficial de aspirantes admitidos y no admitidos permitió identificar situaciones que requieren una explicación por parte de las directivas de la Universidad de Cartagena.
Al contrastar los resultados del examen de conocimientos, la evaluación de las hojas de vida y las entrevistas, encontramos diferencias que merecen una revisión detallada. Particularmente en Ginecología y Obstetricia, las calificaciones de las entrevistas tuvieron una incidencia importante en la clasificación definitiva.
Nuestra revisión documental no permite afirmar que existió manipulación de resultados o favorecimiento deliberado de determinados candidatos. Sin embargo, sí deja interrogantes sobre los criterios utilizados para asignar los puntajes, la composición de los jurados, la transparencia de las entrevistas y la eventual existencia de conflictos de interés.
Por eso, consideramos necesario que la Universidad entregue información verificable sobre las condiciones en las que se desarrolló esta selección y permita conocer los soportes que respaldan las decisiones adoptadas.
LAS CALIFICACIONES DE LAS ENTREVISTAS, BAJO LA LUPA
De acuerdo con las condiciones oficiales de la convocatoria, el proceso de selección contempla un máximo de 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
– Examen de conocimientos: 80 puntos.
– Evaluación de hoja de vida: 10 puntos.
– Entrevista presencial: 10 puntos.
Aunque la entrevista representa el 10 % de la calificación total, su incidencia puede ser determinante cuando existen diferencias reducidas entre los aspirantes.
La revisión del listado definitivo de Ginecología y Obstetricia muestra que cinco de los seis aspirantes admitidos obtuvieron la calificación máxima de 10 puntos en la entrevista. El otro obtuvo 5 puntos.
En contraste, los seis aspirantes que aparecen como no admitidos recibieron calificaciones entre 4 y 8 puntos en esa misma etapa.
Uno de los casos que merece atención es el de dos aspirantes que terminaron con exactamente 65 puntos.
La aspirante admitida obtuvo 51 puntos en el examen de conocimientos, 4 en la hoja de vida y 10 en la entrevista.
La aspirante no admitida alcanzó 55 puntos en el examen, 6 en la hoja de vida y 4 en la entrevista.
Es decir, la segunda obtuvo mejores resultados en las dos primeras etapas, pero la diferencia de seis puntos en la entrevista terminó produciendo el empate en la calificación definitiva.
La Universidad resolvió la situación mediante los criterios de desempate establecidos en la convocatoria. Según el documento oficial, ambas habían ejercido su derecho al voto, por lo que se comparó el promedio acumulado de pregrado. La aspirante admitida registró 3,89, frente a 3,82 de la aspirante no admitida.
El procedimiento de desempate está explicado en el listado publicado por la institución. Sin embargo, la discusión de fondo está en los criterios utilizados para asignar las calificaciones de las entrevistas y en las garantías de imparcialidad que tuvieron los evaluadores.
POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS: LOS SEÑALAMIENTOS QUE DEBEN ACLARARSE
Uno de los aspectos más delicados de las denuncias tiene que ver con la doctora Ana María Bello Trujillo.
Según los denunciantes, la profesional aparece vinculada a actividades investigativas relacionadas con la Clínica La Ermita, institución de la que también procederían algunos médicos que participaron en la convocatoria.
Los denunciantes cuestionan que, ante esas circunstancias, no se hubiera aclarado si existían razones para declararse impedida, en caso de que sus funciones dentro del proceso de selección implicaran evaluar a aspirantes con quienes pudiera tener relaciones académicas, laborales o investigativas.
También mencionan posibles coincidencias profesionales con personas vinculadas a la Corporación Universitaria Rafael Núñez y a la Clínica La Ermita.
Es importante precisar que la participación de la doctora Bello como ponente en el IV Congreso de Residentes de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Cartagena aparece anunciada en la documentación gráfica conocida por este medio. Sin embargo, esa participación no demuestra por sí sola la existencia de un conflicto de interés ni permite establecer cuáles fueron sus responsabilidades concretas dentro del proceso de admisión.
Por eso, la Universidad debe informar quiénes integraron los jurados, cuáles fueron sus responsabilidades y si existieron declaraciones de impedimento o circunstancias que exigieran apartarse de la evaluación.
Por tanto, es necesario contrastar el listado inicial de elegibles con los resultados posteriores para establecer a qué clasificación corresponde la denuncia y evitar conclusiones equivocadas.
LOS ANTECEDENTES: OTRAS CONTROVERSIAS DURANTE LA RECTORÍA DE MALKÚN
Los cuestionamientos actuales no aparecen en un escenario sin antecedentes.
Durante la administración del rector Willian Malkún Castillejo, quien asumió la rectoría en junio de 2022 y fue reelegido para el periodo 2026-2030, se han conocido otras controversias relacionadas con los procesos de admisión de la institución.
En febrero de 2024, la Universidad de Cartagena informó sobre denuncias relacionadas con posibles irregularidades en los procesos de admisión y asignación de cupos para programas de pregrado, tanto presenciales como a distancia.
En aquella oportunidad, la institución anunció la activación de mecanismos disciplinarios, el traslado de denuncias a la Fiscalía General de la Nación y la revisión de matrículas que presentaban inconsistencias en los documentos aportados para obtener los cupos.
Aunque ese episodio correspondió a programas de pregrado y no a especializaciones médicas, constituye un antecedente de cuestionamientos sobre los mecanismos de asignación de cupos dentro de la misma institución.
En 2025 también surgió una controversia relacionada directamente con las especializaciones médico-quirúrgicas.
La médica Nathalia Linares denunció presuntas irregularidades en el proceso de admisión a Ortopedia y Traumatología. Según su versión, había obtenido 92,5 puntos en el examen de conocimientos, que representaba el 80 % de la calificación, pero terminó por fuera de la lista de admitidos.
La aspirante cuestionó que los resultados de la evaluación de su hoja de vida y la entrevista la hubieran dejado en desventaja frente a otros candidatos. También reclamó explicaciones sobre la asignación de los puntajes y solicitó la intervención de las autoridades competentes.
A estos antecedentes se suma otro episodio ocurrido el 3 de octubre de 2025, cuando durante un examen de admisión a las especializaciones médico-quirúrgicas las autoridades universitarias detectaron a más de 15 personas que presuntamente habían ingresado dispositivos electrónicos para fotografiar las pruebas y transmitir las preguntas a una red externa que suministraba respuestas.
En ese caso, la Universidad rechazó los hechos, activó sus protocolos de seguridad y anunció que había presentado denuncias ante la Fiscalía para que se investigara a los presuntos responsables.
Es necesario diferenciar estos episodios. El fraude denunciado en 2025 fue atribuido a personas que presuntamente pretendían obtener respuestas de manera irregular. No constituye prueba de manipulación institucional. De igual manera, las denuncias de aspirantes en otros procesos no demuestran por sí solas que funcionarios universitarios hayan alterado resultados.
Sin embargo, la repetición de controversias alrededor de los mecanismos de admisión obliga a preguntar qué correctivos se han adoptado y si los controles actuales son suficientes para garantizar la confianza de los participantes.
LAS PREGUNTAS QUE LA UNIVERSIDAD DEBE RESPONDER
El asunto no puede reducirse a una inconformidad de quienes no consiguieron un cupo. Tampoco se trata de desconocer los méritos de los profesionales admitidos.
Lo que está en discusión es la confianza en un procedimiento que debe garantizar igualdad de condiciones, transparencia y selección por mérito, especialmente cuando se trata de programas de formación de especialistas médicos.
Por ello, El Gen Caribe considera necesario que la Universidad de Cartagena responda públicamente:
- ¿Quiénes conformaron los jurados de entrevistas para Ginecología y Obstetricia y cuáles fueron sus criterios de evaluación?
- ¿Existieron relaciones académicas, laborales, investigativas o profesionales entre evaluadores y aspirantes?
- ¿Se presentaron declaraciones de impedimento y cómo fueron tramitadas?
- ¿Qué soportes justifican las calificaciones asignadas a cada participante?
- ¿Es posible auditar las rúbricas y los criterios aplicados por los diferentes evaluadores?
- ¿Qué respuestas se dieron a las denuncias formuladas en procesos anteriores y qué correctivos se adoptaron?
Los aspirantes tienen plazo entre el 17 y el 19 de noviembre para presentar sus reclamaciones, según el cronograma de la convocatoria. No obstante, los cuestionamientos sobre la imparcialidad de los evaluadores requieren explicaciones que vayan más allá de una respuesta administrativa individual.
La Procuraduría General de la Nación y las demás autoridades competentes pueden evaluar los hechos dentro de sus atribuciones, si reciben elementos que justifiquen una actuación.
EL RECTOR Y LAS DIRECTIVAS NO PUEDEN DEJAR ESTAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA
Willian Malkún inicia su nuevo periodo como rector de la Universidad de Cartagena para 2026-2030, en medio de la responsabilidad de fortalecer la confianza en una institución pública de gran importancia para el Caribe colombiano.
Los procesos de admisión a las especializaciones médicas no pueden convertirse recurrentemente en escenarios de sospechas, reclamaciones y controversias sin que la comunidad conozca los resultados de las revisiones y las medidas adoptadas.
La Universidad debe demostrar que sus procedimientos funcionan, que los jurados actúan con independencia y que ningún aspirante cuenta con ventajas distintas a las establecidas en las reglas de la convocatoria.
El Gen Caribe tuvo acceso a documentos oficiales, contrastó las calificaciones publicadas y recogió los cuestionamientos que hoy rodean el proceso. Lo encontrado no permite anticipar responsabilidades, pero sí plantea interrogantes que merecen respuestas claras.
Las preguntas están sobre la mesa, los resultados fueron publicados y los aspirantes tienen derecho a reclamar. Ahora corresponde a las directivas universitarias explicar qué ocurrió, qué se ha investigado y qué garantías existen para que los procesos de admisión respondan verdaderamente al mérito.
La autonomía universitaria no puede convertirse en una excusa para evitar el escrutinio público. La transparencia no es un favor que se les hace a los aspirantes: es una obligación de toda institución pública.
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