La Defensoría del Pueblo lanzó una nueva alerta sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y advirtió un preocupante incremento en el uso de drones para realizar ataques armados, una modalidad que estaría siendo utilizada cada vez con mayor frecuencia por estructuras criminales y grupos armados ilegales.
La advertencia hace parte de la “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir”, presentada en agosto de 2026, un documento que reúne información de diferentes fuentes oficiales y busca servir como referencia para las decisiones que deberán adoptar el Gobierno Nacional y el Congreso de la República.
Uno de los datos que más llama la atención es el incremento del 146 % en el uso de drones asociados a acciones violentas, lo que evidencia la incorporación de nuevas tecnologías por parte de los grupos armados para afectar a la Fuerza Pública y generar temor en las comunidades.
Persisten las alertas por presencia de grupos armados
La Defensoría también advierte que, pese a las alertas tempranas emitidas durante los últimos años, continúan expandiéndose diferentes estructuras armadas ilegales en varias regiones del país.
Esta situación estaría generando afectaciones especialmente graves sobre comunidades indígenas y raizales, así como sobre poblaciones que permanecen expuestas a desplazamientos, confinamientos, amenazas y otras formas de violencia.
De acuerdo con el informe, actualmente se encuentran vigentes cerca de 120 alertas tempranas relacionadas con situaciones de riesgo en los diferentes departamentos de Colombia.
Violencia armada que cambia de forma
La entidad señala que el conflicto armado y la criminalidad organizada no han desaparecido, sino que se han transformado y fragmentado, dando paso a nuevas dinámicas de violencia y control territorial.
“La consolidación de la paz debe ser una prioridad inaplazable para la garantía de los derechos humanos”, sostiene el documento.
La Defensoría considera que las autoridades deben fortalecer la capacidad de prevención y reacción frente a estas nuevas amenazas, especialmente en territorios donde las comunidades ya habían sido advertidas sobre la presencia y expansión de grupos armados.
Desigualdad y exclusión también preocupan
La radiografía no se limita a la violencia. El documento también identifica brechas persistentes en materia de servicios públicos, salud, educación, empleo y condiciones de vida, particularmente entre diferentes regiones y grupos poblacionales.
Según la Defensoría, aunque Colombia ha registrado avances en algunos indicadores sociales, estos no se han distribuido de manera uniforme.
El informe plantea así un panorama en el que la seguridad, la protección de las comunidades y la reducción de las desigualdades siguen siendo algunos de los principales desafíos para el Estado.
La advertencia de la Defensoría pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de que las alertas tempranas se traduzcan en acciones concretas de prevención y protección, especialmente en las zonas donde las comunidades permanecen bajo presión de estructuras armadas.
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