El proceso, adelantado durante el Gobierno de Gustavo Petro, involucra a la exviceministra Lina Huari y a la exministra María Fernanda Rojas. Universidades públicas cuestionan que la operación haya quedado inicialmente en manos de una sola institución.
Una millonaria operación relacionada con los nuevos Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) quedó bajo la lupa por una serie de denuncias y cuestionamientos jurídicos que involucran a funcionarios del anterior Gobierno.
Los Cale serán los encargados de realizar los nuevos exámenes teóricos y prácticos que deberán presentar los ciudadanos para obtener o recategorizar una licencia de conducción. El modelo contempla servicios que deberán ser pagados por los conductores y que, de acuerdo con las cifras citadas en las denuncias, podrían movilizar alrededor de $20 billones durante 20 años, con ganancias estimadas en cerca de $5 billones.
El punto central de la controversia está en un convenio interadministrativo firmado entre el Ministerio de Transporte y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con una vigencia de 20 años.
El acuerdo fue suscrito el 31 de diciembre, bajo la dirección de Lina Huari, quien para entonces se desempeñaba como asesora del despacho y viceministra encargada.
Universidades cuestionan el proceso
La operación generó reparos de otras instituciones de educación superior públicas que participaron en el proceso y que posteriormente cuestionaron que la UNAD hubiera quedado como único operador contratado.
Entre las universidades inconformes se encuentran la Universidad Surcolombiana y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), que recurrieron a acciones judiciales para reclamar una mayor apertura del sistema.
Según las denuncias presentadas, el proceso habría estado marcado por cuestionamientos relacionados con una presunta desviación de poder, falta de transparencia, direccionamiento contractual y afectación de la libre competencia.
El abogado Diego Mauricio Ardila, quien representa a universidades participantes, presentó denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría contra Huari y la entonces ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
El jurista sostiene que varias universidades públicas cumplían con los requisitos y que no existían razones suficientes para que la operación quedara concentrada inicialmente en una sola institución.
Una operación bajo contrarreloj
Uno de los aspectos que más dudas ha generado es la rapidez con la que se adelantó la habilitación de los centros de evaluación durante los últimos días del Gobierno Petro.
El 24 de julio, el Ministerio de Transporte había aprobado nueve sedes de las 32 requeridas para iniciar la operación de la UNAD, mientras otras 23 permanecían pendientes de subsanaciones.
Posteriormente, documentos conocidos por SEMANA señalan que el 25 de julio todavía no aparecía ningún Cale registrado oficialmente en el Runt.
Sin embargo, el 3 de agosto, apenas cuatro días antes de finalizar el Gobierno anterior, se habría enviado la documentación para registrar los 32 centros.
Según la información publicada, entre los listados del 24 de julio y del 3 de agosto se presentaron modificaciones en las direcciones de al menos siete sedes, entre ellas las ubicadas en Medellín, Bogotá Sur, San José del Guaviare, Bucaramanga, Armenia, Yopal y Bogotá Centro.
Un día después, el 4 de agosto, Huari expidió la resolución mediante la cual se puso oficialmente en marcha el modelo, con entrada en vigencia prevista para el 14 de septiembre.
La exministra pidió evitar un monopolio
La situación generó un choque dentro del propio Ministerio de Transporte.
El 5 de agosto, un día después de la expedición de la resolución, la entonces ministra María Fernanda Rojas emitió un memorando en el que pidió abrir el sistema a otras instituciones de educación superior públicas.
Rojas sostuvo que las normas no establecían un monopolio ni exclusividad a favor de la UNAD y ordenó evitar decisiones que pudieran restringir injustificadamente la participación de otras universidades.
La exministra también señaló que la existencia de contratos vigentes no impedía incorporar a nuevas instituciones que cumplieran con los requisitos establecidos.
Huari defiende el convenio
Lina Huari negó que la operación hubiera sido concentrada de manera exclusiva en la UNAD.
Según su explicación, el convenio no contiene cláusulas de exclusividad y la universidad habría presentado la propuesta que, a su juicio, ofrecía mejores condiciones.
También aseguró que el Ministerio de Transporte mantiene la posibilidad de vincular a otras instituciones de educación superior.
Sobre el registro de los centros, Huari manifestó que las solicitudes fueron presentadas con anterioridad y que la concesión del Runt confirmó el registro de los 32 centros el 3 de agosto, después de que la Subdirección de Tránsito verificara el cumplimiento de los requisitos.
La exfuncionaria también responsabilizó a la exministra Rojas por la situación posterior, al señalar que era ella quien tenía la facultad de recoger la delegación y ordenar la celebración de nuevos convenios.
¿Qué está en juego?
Más allá de la disputa entre las universidades y los funcionarios del anterior Gobierno, el caso tiene una dimensión económica considerable.
Los Cale estarán vinculados a un servicio obligatorio para millones de conductores que necesiten obtener o recategorizar sus licencias, lo que convierte el modelo en un negocio de gran magnitud.
Por ahora, existen denuncias penales, quejas disciplinarias, acciones de tutela y solicitudes para revisar o revocar el convenio.
Las autoridades competentes tendrán que determinar si las decisiones adoptadas durante el proceso se ajustaron a la ley o si, como sostienen los denunciantes, existieron irregularidades que favorecieron a una institución sobre las demás.
La controversia también pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿por qué un negocio que podría movilizar $20 billones durante dos décadas terminó inicialmente en manos de un solo operador público?
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