La Contraloría General de la República emitió una alerta tras evidenciar la firma de 6.292 contratos bajo la modalidad de contratación directa, por un valor que supera los 2 billones de pesos, luego de la entrada en vigor de la Ley de Garantías.
El organismo de control advirtió que este volumen de contratación, realizado en un periodo en el que rigen restricciones especiales, podría representar riesgos en materia de transparencia y cumplimiento normativo.
La Ley de Garantías establece limitaciones a la contratación pública en épocas preelectorales con el fin de evitar el uso indebido de recursos públicos y garantizar condiciones equitativas en el proceso democrático. En ese contexto, la Contraloría señaló que hará seguimiento detallado a los contratos suscritos para verificar que se ajusten a los parámetros legales.
El ente de control indicó que evaluará posibles irregularidades y no descartó la apertura de procesos fiscales en caso de encontrar hallazgos que comprometan la correcta ejecución de los recursos públicos.
La alerta pone nuevamente el foco sobre la contratación estatal en periodos de restricción, en momentos en que diferentes sectores han pedido mayor vigilancia sobre el manejo del gasto público.