La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tras advertir que a partir de septiembre de 2025 podría suspenderse por falta de recursos. Según el organismo de control, se requieren $500 mil millones adicionales para garantizar la prestación del servicio en lo que resta del calendario escolar.
De no asignarse estos recursos, más de 3.500.000 niños, niñas y adolescentes en 53 Entidades Territoriales Certificadas quedarían sin acceso al programa, lo que tendría graves consecuencias sociales, educativas y de salud.
El llamado de la Contraloría
La alerta se basa en información presupuestal con corte al 20 de agosto de 2025, recopilada durante mesas de control social en Buenaventura y visitas de seguimiento en diferentes regiones del país.
El ente de control también reveló que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) había enviado comunicaciones al Ministerio de Hacienda el 24 de junio y 15 de agosto de 2025, solicitando de manera urgente la adición presupuestal, sin que hasta la fecha se haya concretado una respuesta definitiva.
En un comunicado, la Contraloría señaló:
“La interrupción del Programa no solo tendría graves consecuencias sociales y educativas, sino que además generaría cuestionamientos públicos e institucionales, considerando la naturaleza constitucional del derecho a la alimentación y la obligación del Estado de garantizarlo”.
Implicaciones de una suspensión
El eventual desfinanciamiento del PAE no solo impactaría la alimentación de millones de estudiantes, sino también su permanencia en el sistema educativo, dado que para muchas familias, el acceso a este beneficio constituye un incentivo clave para mantener a sus hijos en la escuela.
A nivel social, el cese del programa afectaría especialmente a las zonas rurales y poblaciones vulnerables, donde los índices de pobreza y desnutrición son más altos. Además, representaría un retroceso en las políticas públicas orientadas a garantizar la equidad y el derecho fundamental a la alimentación.
El reto para el Gobierno
La Contraloría hizo un llamado urgente al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación y a las Entidades Territoriales Certificadas para que, de manera articulada, aseguren los recursos faltantes.
En paralelo, advirtió que mantendrá un seguimiento permanente a la gestión del PAE, con el fin de verificar el uso de los recursos y la continuidad de la cobertura.
La decisión que tome el Gobierno en los próximos días será determinante para evitar una crisis que podría afectar no solo la nutrición infantil, sino también la confianza ciudadana en la capacidad del Estado de garantizar derechos fundamentales.