Un inusual señalamiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez generó debate en redes sociales este fin de semana, luego de que Julio Sánchez Cristo, director de W Radio, publicara en Instagram una pregunta directa: “¿Quién está amenazando al alcalde de Cali?”.
Entre las respuestas, una en particular llamó la atención. Desde la cuenta @manuel_patarroyo, se escribió: “¡Claro que sabemos, Álvaro Uribe Vélez!”. Al revisar el perfil del usuario, se identifica como Miguel Patarroyo Figueroa, quien en la descripción de su biografía asegura ser productor de RTVC, el sistema de medios públicos del Estado colombiano.
El hecho resulta sensible por varias razones. Primero, porque no se trata de un ciudadano cualquiera, sino de un trabajador vinculado —según su propia presentación— a la estructura mediática estatal. Segundo, porque el señalamiento recae sobre un expresidente de la República que ha sido protagonista central de la vida política reciente y, además, líder del Centro Democrático, partido opositor al actual gobierno.
La publicación abre interrogantes sobre los límites entre la opinión personal de los funcionarios públicos y las responsabilidades institucionales. Aunque RTVC no ha emitido hasta ahora ningún pronunciamiento oficial, el episodio podría poner en entredicho la neutralidad política esperada en quienes trabajan para los medios del Estado.
Además, el caso se suma al contexto de inseguridad y amenazas que han rodeado al alcalde de Cali, Alejandro Éder, en los últimos meses. El señalamiento contra Uribe, hecho en un espacio abierto de debate digital, corre el riesgo de alimentar la polarización política y desplazar la discusión sobre la verdadera naturaleza de las intimidaciones contra el mandatario local.
En este escenario, el asunto no solo plantea un debate sobre la libertad de expresión en redes sociales, sino también sobre la responsabilidad individual de los servidores públicos en sus intervenciones digitales, especialmente cuando estas tienen impacto político y mediático.
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