El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, atraviesa un momento decisivo en su carrera política. Lo que parecía un camino natural hacia la consulta presidencial del Pacto Histórico, coalición que llevó a Gustavo Petro al poder, se ha transformado en una disputa abierta con el petrismo. A la vez, enfrenta un proceso judicial de alto impacto por el caso Aguas Vivas, que amenaza con minar su credibilidad y reducir sus posibilidades de competir en 2026.
Ruptura con el Pacto Histórico
Durante sus años en la Alcaldía de Medellín, Quintero cultivó afinidades con sectores progresistas y fue visto como un aliado estratégico del proyecto político de Petro. Sin embargo, en las últimas semanas, su relación con el Pacto Histórico se fracturó.
El 24 de agosto, Quintero acusó en redes sociales a la coalición de estar dominada por una “izquierda miope y sectaria” que, según él, prefiere cerrarse sobre sí misma antes que permitir el ingreso de liderazgos alternativos. La reacción fue inmediata: figuras como Ángela María Robledo, Susana Muhamad, Gabriel Becerra y Gustavo Bolívar marcaron distancia, señalando que la consulta de octubre debe estar reservada para candidatos con trayectoria clara en la izquierda y sin cuestionamientos de corrupción.
El mensaje de fondo fue evidente: Quintero no es bienvenido en la consulta del Pacto Histórico. A ello se suma que el presidente Petro ha mostrado inclinación hacia la candidatura de Iván Cepeda, quien aparece fortalecido en las bases del petrismo y se perfila como el favorito en la interna progresista. Para Quintero, esto significa que, si mantiene su aspiración, deberá hacerlo por fuera de la coalición, posiblemente por firmas o en solitario en primera vuelta.
El peso del caso Aguas Vivas
Más allá de las tensiones políticas, la mayor dificultad de Quintero es jurídica. La Fiscalía General de la Nación lo imputó en abril de 2025 por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del caso Aguas Vivas.
Este predio, ubicado en El Poblado, fue entregado al municipio como compensación urbanística, pero bajo la administración de Quintero habría sido objeto de modificaciones en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que multiplicaron su valor de forma abrupta: de unos 2.700 millones de pesos pasó a superar los 40.000 millones. La Fiscalía sostiene que estas decisiones favorecieron intereses particulares y ocasionaron un detrimento patrimonial.
Aunque Quintero se declaró inocente y ha insistido en que es víctima de persecución política, el avance formal del proceso judicial constituye un obstáculo serio para sus aspiraciones. Sus críticos dentro del Pacto Histórico lo señalan como un aspirante “impresentable” para una coalición que busca diferenciarse de prácticas asociadas a la corrupción.
Otras investigaciones y cuestionamientos
El caso Aguas Vivas no es el único episodio que afecta su imagen. Durante su administración en Medellín se abrieron investigaciones disciplinarias y fiscales relacionadas con:
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Contratos de programas sociales y tecnológicos (como Buen Comienzo y Computadores Futuro).
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Pauta oficial con medios y colectivos digitales cercanos a su gestión, cuestionados por posible clientelismo.
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Manejo del fondo fijo de la Alcaldía y presunto uso indebido de recursos en actividades no institucionales.
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Transparencia presupuestal, con denuncias sobre retrocesos en la publicación y acceso a información pública.
Aunque varios de estos procesos no han concluido en sanciones, alimentan la narrativa de irregularidades alrededor de su administración y le restan margen en el discurso ético que reivindican los sectores progresistas.
Estrategias y narrativas
Ante este panorama, Quintero ha optado por una estrategia doble:
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Defensa judicial: se ha declarado inocente, ha recusado a fiscales y ha intentado revertir decisiones judiciales.
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Ofensiva política: denuncia un “cartel de los lotes” en Medellín y ha dirigido acusaciones contra su sucesor, Federico Gutiérrez, buscando trasladar el foco hacia sus adversarios.
Esta narrativa de persecución política y lawfare le permite mantenerse en el debate público, presentarse como víctima del establecimiento y sostener una base de apoyo en redes sociales. Sin embargo, también polariza aún más la discusión sobre su figura.
Los escenarios hacia 2026
El futuro de Quintero se mueve en tres posibles direcciones:
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Escenario favorable: logra deslegitimar el proceso judicial como persecución política y mantiene visibilidad, compitiendo por fuera del Pacto Histórico con respaldo ciudadano.
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Escenario adverso: las investigaciones avanzan hacia un juicio con consecuencias legales o disciplinarias que lo marginan de la contienda y lo aíslan políticamente.
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Escenario alternativo: aunque debilitado, persiste con una candidatura independiente por firmas, sin opciones de victoria pero con capacidad de fragmentar el voto progresista.
Conclusión
La situación de Daniel Quintero sintetiza las tensiones actuales del progresismo colombiano: la dificultad de abrirse a liderazgos externos sin comprometer sus banderas éticas, el reto de mantener la unidad frente a la derecha y el impacto de los procesos judiciales en el escenario político.
El caso Aguas Vivas y las investigaciones que rodean al exalcalde son, a la vez, un problema legal y un arma política. Su desenlace determinará no solo el futuro personal de Quintero, sino también la capacidad del Pacto Histórico de presentarse como una fuerza cohesionada y con credibilidad de cara a la elección presidencial de 2026.