La crisis financiera de la empresa de energía Air-e, que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, ha encendido las alarmas en el sector eléctrico. La compañía acumula deudas por 1.5 billones de pesos con los agentes del mercado, de los cuales 900 mil millones corresponden a los generadores térmicos, lo que compromete la estabilidad de la prestación del servicio en la región Caribe.
El llamado de Andeg
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), advirtió que sin una inyección de capital por parte del Gobierno, Air-e podría no ser capaz de cumplir con sus compromisos financieros, generando un efecto en cadena sobre la generación de energía.
Según Castañeda, de no solucionarse la situación, la región Caribe podría enfrentar un racionamiento de hasta 900 MW, equivalente al 35 % de la demanda eléctrica regional.
“Si no se inyecta capital, el sector se va a complicar porque no vamos a tener la energía suficiente para generar (…) si no tenemos combustible, la región Caribe se va a quedar sin la generación que requiere permanentemente, del orden del 30 al 35%”, afirmó.
Respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Minas y Energía, la viceministra Karen Schutt confirmó que se estudia una inyección de recursos a través del Fondo Empresarial, con el fin de otorgar liquidez inmediata a Air-e y evitar un colapso en la prestación del servicio.
“Hay que inyectar y fondear recursos al Fondo Empresarial (…) ese cuánto lo vamos a revisar y a determinar cuando tengamos claramente cuáles son todos los acreedores que toca cubrir, cuáles mantenimientos son prioritarios y qué obligaciones debe cumplir”, señaló la funcionaria.
La viceministra agregó que el Gobierno analiza también aspectos regulatorios para permitir la compra de energía a futuro, mitigar la volatilidad del mercado y fomentar esquemas de comunidades energéticas que alivien la presión sobre las empresas distribuidoras.
Un problema estructural
El caso de Air-e pone en evidencia los desafíos estructurales del servicio eléctrico en la Costa Caribe, una región donde históricamente se han presentado problemas de cobertura, pérdidas técnicas y financieras, y elevados niveles de cartera morosa.
Aunque Air-e asumió la operación en 2020 tras la liquidación de Electricaribe, la empresa heredó deudas y enfrenta dificultades para sostener la prestación del servicio en condiciones de eficiencia y calidad.
La eventual decisión del Gobierno será determinante para evitar un apagón regional que afectaría a millones de usuarios y al sector productivo del Caribe.