Por :Alvaro Anaya Díaz – especial para El Gen Caribe

✓ El alcalde William Dau perdió 10 meses y no cumplió con el Acuerdo 020 de diciembre de 1919 que autorizó al mandatario Pedrito Pereira Caballero a celebrar un contrato adicional -prórroga por un año- para ampliar la prestación del servicio de alumbrado público en la ciudad y preparar una licitación pública para un nuevo proceso contractual.
El contrato No. 9-1333889 del 27 de octubre de 1998 se vence el 4 de enero de 2021 y hoy la prestación del servicio es incierto. Sólo hasta el 20 de octubre el Distrito presentó al Concejo Distrital un proyecto de acuerdo para comprometer vigencias futuras excepcionales -2021-2030- que le permitan a Dau Chamat celebrar los contratos que garanticen el servicio de alumbrado público en Cartagena.
De acuerdo a la iniciativa del gobierno local se descarta una licitación pública, a pesar del anuncio hecho por Dau en diciembre de 2019 en su condición de alcalde electo. Ante la imposibilidad de adelantar un proceso transparente, cumplir con una de las recomendaciones de Findeter y permitir la pluralidad de oferentes, la administración se fue por la más fácil y seguro más conveniente para algunos funcionarios: la firma de un convenio interadministrativo por 10 años que facilite la selección a dedo de un nuevo operador del servicio de alumbrado público.
La elaboración del proyecto de acuerdo para la optimización y modernización del alumbrado público estuvo a cargo de un equipo liderado por la asesora María Eugenia García, la secretaria General suspendida, Diana Martínez Berrocal, la directora Jurídica y encargada de la secretaría General, Myrna Martínez Mayorga,
y la asesora de servicios públicos, Heydi Villarroya, y el contratista consultor José Luis Contreras, quien por sus conocimientos llevó todo el peso de la formulación del documento final aprobado el 13 de octubre en Consejo de Gobierno presidido por el alcalde William Dau.
José Luis Contreras es un reconocido asesor del sector energético y de servicios públicos de la firma Gesco Group SAS y estuvo vinculado a la administración distrital con el ex-alcalde Dionisio Vélez Trujillo.
El nombre de José Luis Contreras surgió de nuevo en una reunión celebrada en la Cámara de Comercio de Cartagena y por intermedio de la dirigente empresarial y ex-gerente de Electricaribe, Fanny Guerrero. Lógico, el nombre no era desconocido para la secretaria General de la Alcaldía, Diana Martínez, quien lo vinculó de inmediato a la oficina asesora de Servicios Públicos adscrita a su dependencia.
El proyecto de acuerdo es polémico desde su presentación al Concejo Distrital. No cumple de manera estricta con las recomendaciones del estudio de Findeter contratado por la administración anterior, precisamente para darle la mayor transparencia al proceso contractual en 2020. En diciembre pasado, mientras se discutían los proyectos de acuerdo 188 y 020, Findeter fue muy claro al señalar que la prórroga por un año era suficiente para que el nuevo alcalde, en 10 meses, contara con una nueva concesión después de adjudicada una licitación. Hoy, el convenio interadministrativo que propone Dau no garantiza un proceso transparente.
La iniciativa del Distrito compromete durante 10 años recursos hasta $464.793 millones para celebrar los contratos que garanticen la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) y expansión, suministro de energía e interventoría obligada, de acuerdo con el régimen del servicio y del sector.
Con la presentación del proyecto de acuerdo a la corporación edilicia, la oficina asesora de Servicios Públicos del Distrito solicitó propuestas económicas a tres empresas del sector: EPM de Medellín, ENEL-Codensa (Chile, España y Colombia) y la Sociedad de Economía Mixta que opera el servicio en la capital del Atlántico y el accionista mayoritario es la Alcaldía de Barranquilla.
Para justificar el procedimiento antes del estudio de la iniciativa distrital para la firma de un convenio interadministrativo, la encargada del proceso y directora Jurídica de la Alcaldía Distrital, Myrna Martínez Mayorga, dijo que se pidieron las ofertas económicas para adelantar un «estudio de mercado». La Resolución 123 de 2011 de la CREG regula el sector.
El Concejo Distrital convocó para el próximo miércoles la audiencia pública para continuar el estudio del proyecto de acuerdo que compromete vigencias futuras para contratar el servicio de alumbrado público.